Disponer de redes y sistemas de transporte seguro y eficiente siempre ha sido un reto en todas la historia de la humanidad y es una necesidad que se justifica desde la óptica del transporte de mercancías, trabajo, ocio etc. En Europa existe un buen número de líneas aéreas de trafico regional, que dan servicio a los habitantes de espacios geográficos insulares, como los archipiélagos británicos, de Canarias, Baleares, griegos, franceses de ultramar, etc. y también, aunque de naturaleza continental, a las regiones escandinavas la cuales, por el aislamiento de sus núcleos habitados, pueden considerarse y funcionan desde el punto de vista de la conectividad como islas, pues su lejanía a otras ciudades no se soluciona de forma eficiente con transporte terrestre o marítimo alternativo.
Muchas de estas líneas aéreas se mantienen, desde los respectivos estados, bajo la figura de contratos programa que regulan la llamada Obligación de Servicio Público, OSP, establecida para evitar la despoblación de amplias zonas, dotando de conectividad a las comunidades continentales remotas o aisladas geográficamente en los archipiélagos, posibilitando su acceso a servicios, sanitarios, administrativos, culturales, de ocio, además de posibilitar la importación o exportación de mercancías o el acceso del turismo foráneo que contribuye al sostenimiento de las economías locales convirtiéndose en pilares fundamentales de las mismas en archipiélagos como Baleares, Canarias, o las islas de Grecia.
Una tendencia creciente en Europa es cuestionar el transporte aéreo en aras de la sostenibilidad ambiental y la actividad legislativa que dimana de ese cuestionamiento tiene la clara inclinación a dictar normas con carácter general para todo el ámbito europeo, olvidando la heterogeneidad del territorio, tanto en los aspectos sociales como geográficos.
El resultado, siempre, es la aprobación de normas cuyo carácter es punitivo, dirigidas siempre a la diana favorita de los legisladores: el bolsillo de los ciudadanos a través de impuestos indirectos y tasas que luego no revierten de forma directa y finalista sobre la causa que motiva su imposición. En aras de ser constructivos estimamos que la actitud correcta sería premiar o incentivar a aquellos que invierten en reducir el impacto ambiental de su actividad, en la medida de las posibilidades tecnológicas sin escatimar recursos y dictar medidas para que la competencia de aquellos que no lo hacen no saque del mercado a los que actúan leal y responsablemente y practicando una buena gestión ambiental en toda su organización y actividad.
Hablamos de un sector, el del transporte, que tiene un gran potencial para tomar con la adecuada potenciación en positivo, es decir a través de estímulos, medidas eficaces para satisfacer esa preocupación social y política. Ese potencial mencionado es la fuerte tecnologización de la actividad y en este aspecto el sector aeronáutico destaca sobre los demás, porque superado el reto de que un objeto más pesado que el aire vuele y sea un medio de transporte, a las empresas les queda el reto de ganar en eficiencia y rentabilidad para no verse fuera del mercado, tarea a la que fabricantes y líneas aéreas aplican de por sí una ingente cantidad tecnología pero sobretodo una gran cantidad de recursos humanos especializados y altamente cualificados a sus programas de I+D+I.
Con estos mimbres sería fácil conseguir o encaminar la gestión del interés publico en la línea de conseguir una conectividad eficiente, en cada momento sin renunciar a satisfacer las necesidades de transporte que demanda las comunidades. Así el Parlamento Europeo ha organizado un foro sobre Conectividad Sostenible, para abordar esta creciente preocupación de organizaciones ambientalistas que acaban tiñendo las líneas políticas de muchos partidos que por necesidades electorales las asumen como propias y bajo la organización de la ERA (Asociación de Aerolíneas Regionales Europeas), para visibilizar el trabajo y las iniciativas que las aerolíneas europeas llevan a cabo para reducir su huella ambiental.
Por parte de la aerolínea canaria BINTER participó su director general, Juan Ramsden, que en una ponencia titulada `¿Vergüenza por volar? ¡Necesito volar!´ expuso las medidas que la compañía ha puesto en marcha en favor de una mayor sostenibilidad, entre las que se incluye la renovación de la flota y de los equipos de tierra y la reducción de plásticos de un solo uso en el servicio a bordo, entre otras.
“En Binter hace años que somos conscientes de la importancia de reducir el impacto de nuestra actividad sobre el medio ambiente y estamos realizando una gran inversión para mejorar día a día y hacerlo sin mermar una conectividad que para nuestros usuarios, que en su mayoría habitan en islas, es imprescindible”, señaló Ramsden.
Junto a la compañía canaria participaron también otras aerolíneas como Braathens Regional Airlines o Widerøe, además del fabricante ATR, que abordaron, entre otros temas, el futuro de la aviación, los biocombustibles, la descarbonización y el vuelo eléctrico.
En el encuentro también estuvieron presentes el presidente de ERA, Andrew Kelly; el jefe de Medio Ambiente de Eurocontrol, Andrew Wat; el asesor Principal de Medio Ambiente y Sostenibilidad de EASA, Kai Bauer; así como los eurodiputados Andor Deli, de la Comisión de Transportes y Turismo, y Edina Tóth, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, que colaboraron en la organización del foro, y la eurodiputada Marian-Jean Marinescu, miembro de la Comisión de Transportes y Turismo.
Desde la ERA se quiso poner de manifiesto que la aviación actualmente representa el 2 % de las emisiones de carbono en todo el mundo, mientras que contribuye con más del 4 % del PIB mundial. La industria ha mejorado su eficiencia de combustible en un 52 % y los aviones se han vuelto un 75 % menos ruidosos en los últimos 30 años. Sin embargo, la descarbonización de otras industrias, junto con las proyecciones de crecimiento para la aviación, ejerce una presión social adicional sobre la industria para cumplir con sus responsabilidades medioambientales globales.
En esta línea, Montserrat Barriga, directora general de ERA, mostró su preocupación sobre el actual debate que existe en la UE en relación a la posibilidad de aplicar impuestos para reducir la demanda de tráfico aéreo, asegurando que “Los pasajeros valoran los beneficios que aporta a nivel económico, cultural y personal” y que, por tanto, “no solo quieren continuar viajando, sino que también deben hacerlo, y se puede hacer de una manera más sostenible”.
En este sentido aseguró que “para que los objetivos de sostenibilidad y los requisitos de conectividad sean compatibles, necesitamos incentivos públicos que permitan el avance tecnológico: hacer que los combustibles sostenibles estén ampliamente disponibles y que los aviones eléctricos comerciales sean una realidad. Volar no es una simple elección sobre volar o no volar, se trata de volar de forma sostenible».
